PARTIDO INSTITUCIONAL QUANTICO PARA LA INVESTIGACION INTERDIMENSIONAL
FASE 1
Documento de fundamento para una nueva fuerza política en Costa Rica.
INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde a la Fase 1 de reflexión y definición ética para la eventual conformación de una nueva fuerza política en Costa Rica. No constituye un programa de gobierno, un manifiesto ideológico ni una plataforma electoral. Su propósito es establecer un marco de diagnóstico, principios iniciales y límites claros, a partir de los cuales pueda evaluarse, con seriedad y responsabilidad, la pertinencia de construir una alternativa política distinta a las existentes. Esta fase parte de una premisa fundamental que suele ser deliberadamente omitida en el debate público: el sistema político, económico e institucional vigente no ha fallado.
Por el contrario, funciona de manera consistente para quienes lo diseñaron, lo administran y se benefician de él, aunque ese funcionamiento implique la exclusión, el desgaste y el empobrecimiento progresivo de amplios sectores de la población.
La percepción de “fracaso” surge únicamente cuando se observa el sistema desde la experiencia cotidiana de quienes lo sostienen, pero no participan de sus beneficios. Reconocer que el sistema opera con eficacia para una minoría —y no por error, sino por diseño— es una condición indispensable para cualquier intento honesto de transformación. Sin esta claridad inicial, toda propuesta de cambio corre el riesgo de limitarse a ajustes superficiales que preservan intactas las mismas lógicas de poder que han producido el malestar actual.
1. SOBRE LA DEMOCRACIA Y SU FUNCIONAMIENTO REAL
La democracia contemporánea ha sido reducida, en la práctica, a un ritual periódico de participación limitada, en el cual la ciudadanía es convocada cada cuatro años a votar sin que ello implique una incidencia real y sostenida en las decisiones estructurales del país. La alternancia electoral, por sí sola, no garantiza representación efectiva, ni justicia social, ni equilibrio de poder. Las decisiones que determinan el rumbo económico, institucional y social de la nación suelen tomarse fuera del alcance ciudadano, en espacios técnicos, administrativos o políticos poco visibles, pero altamente influyentes. Esta desconexión ha generado un profundo desgaste cívico y una creciente desconfianza hacia la política como herramienta de bienestar colectivo.
2. LA CIUDADANÍA COMO RECURSO Y NO COMO SUJETO POLÍTICO
Uno de los rasgos más preocupantes del modelo vigente es la transformación progresiva de la ciudadanía en un recurso funcional al sistema, más que en un sujeto político con capacidad de incidir. Amplios sectores de la población son utilizados como fuerza laboral, base contributiva y legitimación simbólica, para luego ser descartados cuando dejan de ser útiles o rentables. Este mecanismo opera como un circuito de extracción constante de tiempo, energía y esperanza, sin retorno proporcional en forma de dignidad, estabilidad o oportunidades reales. Una nueva fuerza política no puede limitarse a administrar este circuito; debe cuestionarlo de raíz.
3. EL AGOTAMIENTO DEL MODELO INSTITUCIONAL VIGENTE
El prolongado estancamiento en obras públicas esenciales, la incapacidad de resolver problemas estructurales en plazos razonables, la normalización de privilegios y la protección sistemática de intereses particulares evidencian que el modelo institucional vigente beneficia de manera reiterada a una minoría, mientras traslada los costos sociales y económicos a la mayoría. Este fenómeno no responde a errores aislados, sino a un diseño que premia la dilación, el diálogo sin consecuencias y la falta de rendición de cuentas. Defender acríticamente este modelo en nombre de la “institucionalidad” equivale a ignorar el daño acumulado que ha producido.
4. SOBRE EL LIDERAZGO Y LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Toda transformación colectiva requiere liderazgo. Sin embargo, el liderazgo que aquí se plantea no es de carácter mesiánico ni salvacionista, sino activo, visible, trabajador y éticamente exigente. Un liderazgo legítimo no se ejerce desde la comodidad ni desde el privilegio, sino desde el compromiso cotidiano, el ejemplo y la coherencia entre discurso y acción. El rol del liderazgo no es sustituir la responsabilidad ciudadana, sino despertarla y fortalecerla, promoviendo la participación consciente y el involucramiento real de las personas en un proyecto común. El liderazgo fuerte no concentra poder; lo ordena y lo pone al servicio del bien colectivo.
5. UNIÓN CON PROPÓSITO, NO MASA ACRÍTICA
La unión social no puede confundirse con la simple agregación de voluntades, consignas o emociones momentáneas. La experiencia histórica demuestra que las masas sin objetivos claros ni reglas éticas terminan siendo fácilmente manipulables o funcionales a nuevos abusos. Una nueva fuerza política debe construir unión a partir de objetivos concretos, principios no negociables y mecanismos claros de control interno, incluyendo procedimientos transparentes para la salida de quienes traicionen dichos principios. Sin estos elementos, cualquier llamado a la unidad se convierte en una consigna vacía.
6. EL BIENESTAR COMO CRITERIO CENTRAL DE EVALUACIÓN
El bienestar de la población no puede reducirse a un eslogan ni a una promesa electoral. Debe convertirse en el criterio central para evaluar políticas, leyes y decisiones públicas. Toda acción política debe responder, de manera verificable, a preguntas fundamentales: ¿mejora la vida cotidiana de la población?, ¿reduce la dependencia y la vulnerabilidad?, ¿devuelve tiempo, dignidad y autonomía a las personas? Aquello que no supere este examen básico carece de legitimidad social, independientemente de su complejidad técnica o su justificación ideológica.
7. RECHAZO AL MIEDO COMO HERRAMIENTA POLÍTICA
El uso sistemático del miedo —ya sea al autoritarismo, al cambio, al conflicto o al “otro”— ha sido una herramienta recurrente para inmovilizar a la población y preservar el statu quo. Esta estrategia erosiona el pensamiento crítico y empobrece el debate público. Una nueva fuerza política debe rechazar el miedo como mecanismo de control y sustituirlo por información clara, análisis honesto y responsabilidad compartida. La ciudadanía no requiere ser infantilizada ni protegida de la realidad, sino tratada como adulta y capaz de comprenderla.
8. ALCANCE DE ESTA FASE INICIAL
Esta Fase 1 no pretende ofrecer soluciones cerradas ni respuestas definitivas. Su objetivo es delimitar el terreno ético y conceptual desde el cual podría surgir una alternativa política genuina. Cualquier intento de apresurar la construcción de estructuras, candidaturas o promesas antes de completar este proceso estaría condenado a reproducir los mismos vicios que se buscan superar.
CONCLUSIÓN
Una nueva fuerza política solo tiene sentido si nace del reconocimiento honesto del fracaso del modelo vigente para garantizar bienestar a la mayoría, y si se compromete, desde su origen, a no convertirse en otro mecanismo de extracción de recursos públicos o de acumulación de poder. La Fase 1 es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad.
Sin ella, cualquier proyecto político será apenas una variación más de un sistema que ha demostrado, una y otra vez, su incapacidad para responder a las necesidades reales de la población. Cualquier proceso de transformación real que cuestione un sistema diseñado para beneficiar a una minoría producirá, de manera inevitable, resistencia por parte de quienes hoy concentran privilegios, acceso y capacidad de influencia. Esta resistencia no debe interpretarse como una señal de error del proceso, sino como evidencia de que se están tocando estructuras que históricamente han permanecido intactas.
Es fundamental establecer con claridad que dicha transformación no implica ni promueve daño físico, persecución ni violación de derechos fundamentales. El objetivo no es generar conflicto violento, sino reordenar el equilibrio de poder, eliminando mecanismos de privilegio que han operado bajo el amparo de la legalidad, la costumbre o la opacidad institucional. La pérdida de beneficios indebidos no constituye violencia; constituye corrección.
La experiencia histórica demuestra que, cuando los privilegios comienzan a ser cuestionados, estos suelen presentarse como derechos adquiridos, y su eventual eliminación es descrita como un atentado contra la democracia o la estabilidad. En este contexto, es previsible que se recurra al miedo, a la exageración del riesgo y a la defensa acrítica de la institucionalidad como estrategia para preservar el statu quo.
Reconocer este patrón permite anticiparlo y neutralizarlo desde una posición ética y racional. Un principio rector de esta nueva fuerza política debe ser inequívoco: ningún derecho humano básico es negociable, pero ningún privilegio estructural es intocable. La legitimidad del cambio reside precisamente en esta distinción.
Defender derechos universales mientras se desmontan ventajas indebidas no debilita la democracia; la fortalece y la devuelve a su sentido original de representación y justicia. El conflicto, entendido como fricción social e institucional, es una consecuencia natural de cualquier redistribución real de poder. Sin embargo, dicha fricción no debe confundirse con violencia. Se trata del resultado lógico de un sistema que pierde estabilidad al dejar de operar exclusivamente en beneficio de unos pocos. Gestionar esta transición con firmeza, claridad y límites éticos es una responsabilidad central de cualquier proyecto político serio.