La ley no es un milagro: respuesta a Welmer Ramos sobre el gota a gota

por Tomás Oreamuno.

Welmer Ramos salió a defender su Ley Contra la Usura como si fuera la única barrera entre Costa Rica y la barbarie. Lo hace con tono solemne, citando la Biblia, a Aristóteles, a Dante, a Don Pepe. Pero cuando uno revisa los datos —los datos reales, del Banco Central, de la Asamblea Legislativa, de la experiencia de otros países— lo que queda de su discurso es mucho menos que lo que él cree.

Vamos por partes.

1. Su ley nunca tocó al verdadero gota a gota

Ramos habla como si su ley hubiera puesto contra las cuerdas al prestamista informal, al que anda cobrando con amenazas por los barrios. No es así.

La Ley 9859 —la que él impulsó— solo puede medirse y hacerse cumplir en el sistema financiero formal: bancos, cooperativas, financieras, mutuales. Ahí sí bajaron las tasas. Pero el crédito informal, el que presta plata en la calle sin registrarse en ningún lado, sigue exactamente en la misma oscuridad de siempre. Nadie sabe cuánto mueve, nadie sabe qué tasas cobra, y no hay ninguna institución encargada de perseguirlo activamente.

Es decir: la ley resolvió el problema donde ya había vigilancia. Y dejó intacto el problema que le da nombre a la discusión.

2. Pensar que “quienes operan fuera de la ley” se van a autocensar es de una ingenuidad enorme

Y aquí está el punto más flojo de todo el argumento de Ramos: él construye su defensa como si el simple hecho de que exista un número en la ley —un tope, un artículo penal— fuera suficiente para que el gota a gota desaparezca por sí solo.

Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ningún prestamista informal, ningún operador de una red criminal, se va a presentar voluntariamente ante el Banco Central o la SUGEF a declarar cuánto cobra y a cuántas familias. El artículo 243 del Código Penal existe desde antes de la Ley Contra la Usura, y el gota a gota nunca dejó de operar por su sola existencia. Un número en una ley no asusta a nadie que ya está operando al margen de la ley.

Ramos habla de su texto y de su ley como si tuvieran un poder casi mágico: como si la sola existencia del tope fuera a producir, por obra y gracia de algún santo —solo él sabrá cuál—, la regulación total del mercado informal. Eso no es política pública. Eso es fe.

3. Los números desmienten la urgencia de subir las tasas

Ramos tiene razón en un punto: el margen entre lo que realmente cuesta prestar dinero en Costa Rica y lo que se permite cobrar es brutal. Pero los datos son incluso más contundentes de lo que él mismo dice.

Según el informe más reciente del Banco Central (mayo 2026), así se ve la foto real del negocio de prestar dinero:

• Los bancos públicos cobran en promedio una tasa activa de 8,17% y terminan con una utilidad de 0,97 puntos.
• Los bancos privados cobran 9,60% y ganan 1,47 puntos.
• Cooperativas, mutuales y financieras —el segmento que más se parece al perfil de riesgo que se usa para justificar tasas altas— cobran en promedio 11,21%… y terminan con la utilidad más alta de los tres grupos: 3,46 puntos. Es más: en ese segmento, lo que recuperaron de créditos morosos fue mayor a lo que perdieron por impago.

O sea: el segmento con el perfil de cliente más riesgoso, el que en teoría necesitaría cobrar más caro para sobrevivir, es sostenible y rentable cobrando apenas 11,21% anual. Muy lejos del 51,51% que hoy permite la ley para microcrédito, y todavía más lejos del 80% u 100% que Ramos denuncia que buscaría el próximo proyecto.

La pregunta que Ramos no responde es la obvia: si con el 11% ya hay ganancias, ¿para qué necesita alguien cobrar cinco veces más?

4. Dos números que no hay que confundir: el tope legal y lo que realmente se cobra

Aquí hay que hacer una pausa, porque es el punto que más se presta a confusión y es clave para entender todo lo demás.

Hay dos números distintos dando vueltas, y no son lo mismo:

• 51,51% es el tope que permite hoy la ley. Es el máximo que alguien puede cobrar antes de que sea delito de usura. Es un límite, un techo.
• 11,21% es lo que realmente cobran, en promedio, las entidades financieras hoy. Es lo que pasa en la práctica.

No es que la ley haya bajado el tope al 11%. El tope sigue en 51%. Lo que pasa es que nadie necesita llegar tan alto para ganar plata: con cobrar entre el 8% y el 11%, según el tipo de entidad, ya hay ganancias en los tres casos —bancos públicos, bancos privados y cooperativas—. Es decir: existe un colchón enorme entre lo que la ley permite (51%) y lo que el mercado realmente necesita cobrar para sostenerse (entre 8% y 11%).

Y ese colchón no lo dejó nadie más que la propia ley de Ramos. La fórmula que él mismo redactó en 2020 no se calculó preguntando “¿cuánto necesita cobrar una entidad para no perder plata?”. Se calculó tomando el promedio de todas las tasas del sistema financiero —incluyendo las más caras, como tarjetas y consumo de alto riesgo— y multiplicándolo por 1,5 o por 2,085, según el tipo de crédito. El resultado fue un tope mucho más generoso de lo necesario, pensado para no dejar a nadie fuera del sistema formal por miedo a la exclusión financiera.

Eso no lo hace malo en sí mismo. Pero sí desarma el argumento de Ramos cuando presenta su ley como la barrera perfecta y ajustada contra la usura: la propia ley que él escribió dejó un margen tan amplio, que la discusión de hoy —si el tope debe bajar o subir, y quién debe fijarlo— ni siquiera se acerca a poner en riesgo la rentabilidad de nadie. El pleito no es entre “protección” y “usura legalizada”. Es sobre qué tan grande debe ser el colchón entre lo necesario y lo permitido.

5. El proyecto que él ataca sí existe, y su descripción no está tan lejos de la realidad

Aquí hay que ser justos: el proyecto del Gobierno actual (24.103) efectivamente traslada la definición de las tasas máximas a un “nuevo modelo” calculado por SUGEF según “criterios técnicos de mercado”, en lugar de fijar la fórmula directamente en la ley, como hace hoy el artículo 36 bis. En eso Ramos no exagera: hay un cambio real en quién decide el número.

Pero de ahí a decir que “no hay ningún parámetro” hay un salto. Lo honesto es reconocer que se trata de un debate legítimo sobre quién debe fijar el tope —la Asamblea Legislativa con una fórmula fija, o un ente técnico con criterio flexible— no una guerra entre “regulación” y “amnistía total” como él la presenta.

6. El ejemplo que sí funciona: cuando hay voluntad política de verdad

Ramos apela a la Biblia, a Aristóteles, a Don Pepe. Nunca menciona el caso más reciente y más contundente de un país que sí resolvió su problema de gota a gota: El Salvador.

Ahí no hubo una ley de tasas de interés. Hubo investigación, capturas y persecución penal directa contra la red específica que operaba el negocio —una organización identificada, con nombres, con métodos de cobro documentados—, más deportación de quienes estaban de forma irregular en el país operando esas redes. Eso es voluntad política real: no un número en una gaceta, sino un Estado que decide perseguir activamente al crimen organizado.

Costa Rica ya tiene, desde 2020, el mismo instrumento penal que Ramos dice que quiere proteger. Lo que nunca tuvo fue la voluntad de usarlo con esa intensidad contra el gota a gota informal.

7. El fondo del problema no es la ley. Es la política costarricense

Y aquí está lo que de verdad hay que decirle a Ramos, y a buena parte de la clase política nacional: las cosas en este país se hacen a la medida de quien gobierna, tenga razón o no —o simplemente no se hacen. No hay autocrítica. Se creen ungidos.

Ramos no está dispuesto a preguntarse si su ley, después de más de cinco años, cumplió lo que prometió. No está dispuesto a admitir que el problema real —el crédito informal, las mafias que operan fuera del sistema— sigue intacto porque nunca se construyó el aparato de fiscalización necesario para perseguirlo. Prefiere apelar a la Biblia y a Dante antes que a los datos de su propio Banco Central.

Su texto no es una defensa técnica. Es un acto de fe disfrazado de argumento económico. Y la fe, contra el crimen organizado, nunca ha sido suficiente.